Por Lic. Jorge Dolce

 

Atendiendo al análisis de la educación superior como política de estado en relación al modelo estatal imperante sobre fines del siglo XX y principios del XXI, nos es útil contextualizar dicha aproximación a un fenómeno científico-tecnológico, económico, político, social y cultural que le dio marco y fue conceptualizado entre otros términos como globalización.

Este fenómeno que podemos rastrear en distintos momentos de la historia de la humanidad desencadeno profundos cambios en los paradigmas productivos a partir de descubrimientos científicos y sus aplicaciones prácticas que en su devenir terminaron transformando las relaciones sociales, culturales y políticas. Esta última ola de cambio científico tecnológico tuvo su incipiente comienzo sobre finales de los años 60, siendo su principal protagonista EE.UU pero también, algunos de los demás países desarrollados. El mismo, adquirió una velocidad inusitada en la década de los 80 y no ha parado de expandir las fronteras del conocimiento humano y sus aplicaciones desde entonces. Mientras esto se verificaba en el campo del conocimiento era electo a comienzo de la década de los 80 (1981) Ronald Reagan como presidente de Estado Unidos, imprimiéndole a su gobierno un contenido fuertemente conservador en lo social y liberal en lo económico rechazando abiertamente toda intervención del estado. Esta impronta resistida por los gobiernos democráticos surgidos durante esa década en Latinoamérica, no limito su visión respecto de la revolución del conocimiento en marcha en los países centrales. Esta preocupación  inherente a la naturaleza de la educación superior, sensibilizó a las comunidades educativas universitarias y a los gobiernos de todo el mundo, cuyos líderes, comenzaron a advertir sobre las oportunidades y amenazas respecto de quedar rezagados del proceso de innovación científica y tecnológica en curso. Podemos rastrear la preocupación del gobierno argentino en éste sentido cuando ya iniciado el proceso democrático el entonces presidente Raúl Alfonsín el 1 de diciembre de 1985 en su discurso Convocatoria para una Convergencia Democrática afirmaba “la crisis de las primeras formas de modernización es simultánea con otro proceso; nuestra decadencia coincide con una verdadera mutación que se está operando en los países centrales. Esta asincronía entre nuestra crisis y los rápidos procesos de cambio tecnológico que se están dando en el mundo acentúa el dramatismo del caso argentino y la necesidad de definir urgentemente el paso hacia una nueva modernización…Frente a una frontera científica y tecnológica que en los países centrales se expande a la vez en tantas dimensiones y con tal velocidad, esta claro que la argentina no puede quedar como espectadora de avances ajenos y como consumidora pasiva de sus logros…Es necesario superar desgastantes antinomias planteadas entre ciencia básica, ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. Sin ciencia no habrá más que tecnología escasa o exógena, cuya evolución será frágil y temporaria, sin tecnología, los beneficios producidos por la ciencia para el país carecerán de efecto multiplicador y quedarán limitados a ámbitos cerrados…El papel de la Universidad, crucial para el desarrollo de la investigación científica, solo podrá concretarse acabadamente en el contexto de modernización global de la sociedad y su aparato productivo, para que sus egresados sean un puente efectivo entre el conocimiento logrado y su aprovechamiento concreto. Ello implica tanto la adecuación de los programas de estudio y criterios pedagógicos a los avances de la ciencia y la tecnología contemporáneas como a la creación de  los cauces indispensables en las actividades económicas a fin de no dilapidar esfuerzos…Recalcamos que es esencial no perder de vista esa frontera científico técnica que se expande y trabajar para llegar a ocupar posiciones en su línea de avance las que mejor convengan a nuestro proyecto de modernización estructural”.

Esta visión de cómo la argentina debía aggiornar sus instituciones de educación superior para no quedar “descolgada” de la revolución científico técnica en marcha para su provecho convivía con un gobierno conservador en la cuna donde esto se estaba desarrollando.

La argentina a partir de su recuperación democrática definió desde el ministerio de educación una política universitaria basada en un amplio concepto respecto a su autonomía. Entendida ésta, no sólo en el aspecto jurídico-institucional sino en el académico-científico y pedagógico bregando por la más amplia libertad de pensamiento. La normalización institucional del país a partir de 1983 tuvo su correlato en las instituciones universitarias al lograr éstas en los primeros años la recuperación plena de su autogobierno a partir del cual se abocaron en sintonía con la preocupación manifestada por las máximas autoridades de la nación a preparar a la Universidad para incorporar a sus claustros las innovaciones que se estaban verificando en el mundo del conocimiento en los países centrales. Esta tarea tuvo la invalorable contribución de muchos profesores qué, exiliados durante la dictadura, volvieron al país a colaborar con la reconstrucción del sistema universitario argentino. Esto se tradujo rápidamente en la elaboración de nuevos planes de estudios y novedosas formas pedagógicas de transmisión del conocimiento. Al mismo tiempo el sistema universitario afrontaba los desafíos de un fuerte aumento de la demanda de la sociedad por estudiar en el mismo en un contexto de libertad condicionado por fuertes restricciones económicas y contradicciones sociales no resueltas que definirían a los años 80 como la década pérdida en América Latina.

En resumen, el liderazgo democrático surgido a partir de 1983 tanto en el orden institucional nacional como en las universidades luego de su normalización recogieron la preocupación respecto de lo que estaba sucediendo con la revolución del conocimiento en el mundo tratando de incorporar la misma al sistema universitario y de investigación para aplicarlo a las necesidades del sistema productivo argentino y de la modernización pretendida del mismo. 

Los 90.

La seguidilla de gobiernos conservadores en la primera potencia mundial afianzó  la difusión de esas ideas a nivel mundial, esto es, el liberalismo en lo político y económico y el conservadurismo social, su objetivo, derribar  los regimenes políticos fundados en ideologías nacionalista o marxista. Este ideario penetró hondamente en todos los organismos multilaterales del sistema de naciones unidas qué, en el caso de la educación en general y universitaria en particular tuvo a la UNESCO como caja de resonancia. La preocupación de los gobiernos por alcanzar estándares de calidad en la educación superior para no quedar rezagados respecto de la revolución científico técnica en marcha introdujo la discusión de arriba hacia abajo de conceptos tales como eficiencia, pertinencia, calidad, rendición de cuentas,  etc. Y naturalmente, estos conceptos chocaron frontalmente contra la idea de autonomía universitaria, concepto que resume desde el principio de los tiempos la idea de “Universidad” en donde el saber se piensa así mismo independientemente del quien o quienes presidan el Estado. Por lo tanto es ella la rectora respecto de lo que debe considerare socialmente valioso en relación a otros saberes o demandas prácticas emanados de otras instancias del estado. En el caso argentino a partir de los años 90 un nuevo gobierno democrático abrazo con pasión el ideario político emanado desde la principal potencia hegemónica reconfigurando como describe en su libro Daniel García Delgado al Estado de bienestar en un estado pos social. Sin embargo, la continuidad respecto de la preocupación por los avances científicos permaneció inalterada durante ese gobierno (“…los grandes objetivos a los que apuntan los cambios son por lo general comunes, universales: mejorar la calidad de la formación que se ofrece, de la investigación que se hace, de los servicios que se prestan; priorizar la relevancia social de los conocimientos que se generan y transmiten; asegurar la equidad que requiere la igualdad de oportunidades y posibilidades; lograr que todo eso se haga con la necesaria eficiencia. Susana Decibe ministra de educación entre 1996 y 1999) solo que la ruptura se dio respecto del modelo de producción perseguido y concomitantemente que rol debía cumplir el sistema universitario. Si antes el objetivo era afianzar y modernizar la industria vinculadas a sectores como la industria pesada, petroquímica y de punta ahora era afianzar el sesgo agroalimentario, de una industria vinculada al mismo y a los servicios. Con lo cual, la discusión sobre la pertinencia de los contenidos que la universidad debía promover chocaban contra la idea que la propia universidad tenía de sí misma en relación al modelo de modernización impulsado desde el estado. En éste sentido la autonomía universitaria fue una trinchera a la idea llave en mano promovida por las autoridades nacionales respecto de su función educativa, formadora y social. Al mismo tiempo el gobierno en su intento de incidir sobre las políticas universitarias al querer imponer una Ley de Educación Superior nunca puso en tela de juicio la idea del autogobierno, sí en priorizar la representación de los profesores por sobre los estudiantes. Con lo cual, al no estar cuestionada la idea jurídico institucional de autonomía se posicionó en reclamar estándares de calidad y aseguramiento de la educación superior mediante nuevos institutos de evaluación que velaran por asegurar mínimos estándares de pertinencia y calidad en función de las demandas que reclamaba el nuevo proyecto de modernizador cuyo principal eje aglutinador era el mercado. La evaluación de los posgrados que proliferaban en la Universidades fue un ejemplo temprano de las intenciones de las autoridades de entonces en verificar la calidad y pertinencia de los mismos unos pocos años anteriores a la sanción de la ley de educación superior. De esta relación conflictiva entre el cambio de paradigma productivo de neto corte liberal inducido desde el estado y la autonomía plena reclamada por las Universidades surgió la  LES 24.521 sancionada el 20 de julio de 1995. La misma introdujo institutos vinculados a velar por la calidad, la pertinencia y aseguramiento de la educación superior en consonancia con el debate internacional impulsado desde los organismos internacionales tendientes a bregar por la calidad de la misma. 

Lo que al principio fue resistencia a la idea esbozada por el gobierno respecto de incidir en la política universitaria en la determinación de la pertinencia de los contenidos de estudios y estándares de calidad respecto de las demandas que necesitaba el mercado, paulatinamente mudo hacia cierta “comprensión” (nada homogénea respecto del sistema universitario en su conjunto ni al interior de una misma universidad) dada la generosa ayuda de programas como el FOMEC (Fondo para el mejoramiento de la calidad educativa financiado por el banco Mundial en un 60% y un 40% por el estado) que apuntaban a mejorar tanto el equipamiento y modernización de bibliotecas como la formación de sus docentes e investigadores.

La crisis del modelo económico edificado sobre la convertibilidad cambiaria, dando libre albedrío al juego de oferta y demanda sin intervención del estado colapso en el año 2001 al inicio de una nueva década. Luego de algunos años de zozobra institucional, política, económica y social, el rumbo del país tendió a normalizarse gracias a un contexto económico muy favorable que permitió en el área educativa aumentar los presupuestos destinado a los tres niveles de educación y a los organismos del estado encargados de hacer ciencia y técnica por fuera de los muros de las propia universidad. La idea de “reindustrializar” afianzando un mercado interno que posibilitara recuperar espacios para generar productos con valor agregado apalancado a un proceso virtuoso de inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo tuvo su correlato en el aumento de la oferta educativa universitaria (fundamentalmente en los grandes aglomerados del conurbano bonaerense), programas específicos para ampliar y modernizar la infraestructura edilicia del sistema universitario, equipamientos de laboratorios, incremento el plantel docente y de investigadores, promoción de un generoso plan de becas para estudiantes, etc. Estas mejoras se dieron en el marco de la ley de educación superior heredada del período liberal sin que la misma fuera objetada por los gobiernos de éste período. Y el sistema de evaluación y acreditación instituido por la misma se legitimó y se expandió a todo el sistema. No obstante estas importantes acciones, el sistema universitario parece arrastrar muchas de las falencias qué desde la recuperación de la democracia y el constante crecimiento de la matrícula no ha podido superar en materia de calidad y pertinencia, en planificar la expansión del sistema evitando duplicidades y repeticiones de carreras, en racionalizar la relación demanda y oferta en carreras de interés público, etc; no sólo por su propia responsabilidad sino también por la errática política del estado en la definición de un modelo de modernización económica y social ampliamente aceptada por la mayoría de los ciudadanos.

Un tema siempre presente a lo largo de estos 32 años de democracia ha sido como conciliar calidad con masividad dado el constante incremento de la matrícula universitaria. El ejemplo de carreras como Medicina consideradas de interés social no sólo por la propia Universidad sino por el estado y la sociedad; las Universidades en uso de su autonomía han ideado métodos y pedagogías para afrontar éste problema y el estado según las épocas de mayor o menor bonanza aportado los recursos para satisfacer dichas estrategias. Esta ecuación, ciertamente inestable no ha tenido una solución racional. Ni ha sido abordada críticamente por la Universidad ni por el estado con intenciones de resolución estructural. Una simple pregunta pone en crisis el modo en cómo hoy se aborda el problema. ¿Es la Universidad la que debe decidir de acuerdo a su autonomía cuantos profesionales médicos y en que especialidad formar cada año? ¿O es el Estado quien debe decidir cuantos formar y en que especialidades de acuerdo a un plan general que tenga en cuenta la densidad poblacional, la extensión territorial y la investigación médica?

 

La “recuperación” del concepto de autonomía universitaria en tanto ejercicio del pensamiento crítico respecto de sí misma y en relación al estado y la sociedad que la financia deben inspirar en el presente el abordaje de los temas estructurales de la educación superior con ánimo de resolución en sintonía con la responsabilidad indelegable del estado como regulador del sistema general.