Por Jorge Dolce, Convencional Nacional de la UCR por Santa Fe
La crónica policial de cada día en nuestra ciudad nos acerca ("todavía de lejos…") a la catástrofe social y política que viven otras ciudades de países de América Central y del Sur. El consumo, el tráfico y la producción de drogas tipificadas como ilícitas por las Convenciones Internacionales de la ONU (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988) no sólo se ha incrementado; sino que su asociación con el drama de la pobreza por un lado, el placer, el escapismo o la depresión por el otro y; la búsqueda de un ingreso o la ganancia rápida perseguida por jóvenes excluidos del sistema, nos enfrenta a un gravísimo problema. Lo visto y dicho públicamente hasta aquí en nuestra provincia respecto de este tema es suicida y demencial porque refuerza la idea de la represión sin analizar las causas profundas del fenómeno que nos agobia como sociedad.
La violencia callejera, el crimen organizado y la corrupción (policial, judicial y política) no pueden abordarse desde una perspectiva electoralista. Hay que poner sobre la mesa la discusión de fondo respecto de cómo encarar éste tema de la inseguridad asociada a las drogas pero no sólo a ella. Al respecto tenemos que comenzar a hacer docencia y explicar a nuestra sociedad con información seria y responsable por qué, para qué y quienes consumen drogas.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, la década que va entre 1998-2008 el consumo de opiáceos en el mundo se incrementó en 34.5 por ciento alcanzando los 17,35 millones de personas; el de cocaína en 27 por ciento alcanzando 17 millones; el de cannabis 8.5 por ciento alcanzando los 160 millones. Según el Informe Mundial sobre las Drogas realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) realizados en 2012, calcula que 230 millones de personas o el 5 por ciento de la población adulta del mundo consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en 2010. De esos, unos 27 millones (aproximadamente 12 por ciento del total) son crónicos para sus familias y para la sociedad.
Desde hace 40 años y liderados por Estado Unidos (quien posee el mercado consumidor de cocaína más grande y de mejor poder adquisitivo del mundo) la comunidad internacional siguiendo los postulados de las convenciones internacionales, declaró la guerra contra las drogas pensando que la criminalización de consumidores, productores y traficantes desalentaría el consumo en un lapso de tiempo razonable. La constatación del incremento del consumo, la falta de resultados por las penas aplicadas, el control casi absoluto que el crimen organizado tiene sobre el proceso de producción y distribución y las desgraciadas consecuencias sociales y políticas para los países que producen o son vía de tránsito hacia los mercados consumidores, ha llevado a una creciente conciencia internacional de que la guerra contra las drogas ha fracaso estrepitosamente. La Comisión Global de Políticas de Drogas, presidida por Fernando Enrique Cardoso e integrada por Carlos Fuentes, César Gaviria, Ernesto Zedillo, George P. Shultz Paul Volcker, Ruth Dreifuss, Mario Vargas Llosa, Kofi Annan y otros prestigiosos estudiosos de ésta problemática, ha elaborado un informe en 2011 cuyo contenido apunta a cuestionar el enfoque dado a esta problemática hasta el presente. En su declaración de principios y recomendaciones afirma:
"Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, del uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos. Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos".
El consumo de alcohol y tabaco (cuyo consumo, producción y distribución están legalizados) según la Organización Mundial de la Salud tienen una incidencia 6 veces más perjudicial sobre la salud de la población mundial que el consumo actual de las drogas tipificadas como ilícitas (cannabis o marihuana, cocaína, hoja de coca, heroína y derivados de opiáceos, anfetaminas, etc.). ¿Qué pasaría si la comunidad internacional decidiera, frente a este problema, prohibir el consumo, la producción y el tráfico de alcohol o del tabaco? La experiencia de Estados Unidos con la llamada Ley Seca es un ejemplo de ello. Paradójicamente, en la actualidad, este país se niega a enfrentar el problema de las drogas ilícitas de la misma manera que lo hizo con el alcohol en el siglo pasado. Tal vez, porque la violencia se desarrolla al sur del río bravo; tal vez porque son los principales destinatarios de las "inversiones" realizadas por los narcos, o tal vez, porque estos alimentan la compra de armas en ese país.
En este renovado intento internacional de poner en debate los posibles caminos para abordar este problema, nuestro país puede observar la experiencia de México o de Uruguay. El primero desde 2006 involucró a su ejército en la represión del narcotráfico siguiendo las políticas de criminalizar el consumo, el tráfico y la producción arrojando como resultado hasta el presente, 60.000 muertos (las cifras varían a la suba). La lucha entre los distintos carteles por el control de las rutas de abastecimiento hacia EEUU y de todos contra el ejército no ha logrado disminuir significativamente el consumo, la producción y el tráfico. ¿Cómo parar la demanda de un mercado negro de más de 30 millones de personas con altísimo poder adquisitivo? Una "pequeña guerra" azota al pueblo mexicano, pero sus coletazos llegan a Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países. Uruguay está desarrollando una estrategia siguiendo las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas de experimentar con la legalización del mercado (en este caso de la marihuana) en donde el Estado de acuerdo al proyecto de ley en estudio participa en la producción y comercialización de la misma enfocando su actividad desde la salud pública. De este modo, apunta claramente a socavar las bases económicas del negocio ilícito y por ende la violencia que genera a su alrededor. La legalización del mercado en todos sus eslabones puede o no incluir la participación del estado en la producción y la comercialización pero en cualquier circunstancia el Estado debe instaurar un fuerte marco regulatorio al igual que sucede con los medicamentos que son de venta restringida y necesitan la debida prescripción médica.
Enfocar este problema desde la perspectiva de la Salud Pública hará que los fondos del Estado estén orientados fundamentalmente a la prevención y al tratamiento de los adictos crónicos, focalizando el aspecto represivo en los resabios marginales de las organizaciones dedicadas a violentar la ley.
Son las dos opciones claras que tenemos a la vista. Hay quienes sostienen vías intermedias… pero ¿cuál es la lógica de no criminalizar el consumo y sí la producción y el tráfico? Si hay demanda de drogas, siempre habrá producción y comercialización para abastecerla, ergo, existirán las redes mafiosas para garantizar que la misma llegue en tiempo y forma.
Es hora de correr el velo frente a este problema. Resulta absolutamente legítimo el reclamo de mayor eficacia de la labor policial y judicial respecto de la persecución del narcotráfico de acuerdo a las leyes en vigencia. Pero esta exigencia de la sociedad debe servir a quienes tienen responsabilidades políticas para orientar a la misma hacia caminos de salida y no de encierro. Menos aún para sacar "ventaja" electoral. Nuestra dirigencia debe pronunciarse sobre las causas y el alcance del problema y decir claramente que piensa al respecto. Si queremos parar el fenómeno de la violencia asociado al tráfico de drogas ilícitas y terminar con la corrupción policial y de los funcionarios públicos debemos encarar sin hipocresía, con coraje y decisión, el debate sobre la legalización del mercado de drogas ilícitas